Concejal denuncia malversación de fondos en defensa penal de Vodanovic

Querella del Concejal contra el Alcalde de Maipú por Malversación: En una nueva controversia política que sacude a Maipú, el concejal Juan Carlos Prado ha presentado una querella contra el alcalde Tomás Vodanovic. Prado alega que Vodanovic, al defenderse de una acusación de calumnias e injurias, utilizó recursos públicos de manera inapropiada para financiar su defensa legal.

Acusaciones de uso indebido de recursos públicos

El concejal Prado, quien compitió inicialmente por RN y ahora milita en la UDI, señala que Vodanovic contrató a un estudio privado de abogados para su defensa en un juicio relacionado con declaraciones hechas en un programa de televisión. Estos abogados, del bufete Asesorías Bascuñan, Barra, Awad, Contreras y Schürmann, fueron pagados con fondos municipales, lo cual según Prado, constituye una malversación de fondos.

El contexto de la querella

La querella original contra Vodanovic fue presentada por José Luis Rifo Bazán, quien se sintió calumniado por las declaraciones del alcalde en relación a un incidente trágico en un restaurante. Aunque Vodanovic presentó disculpas y la causa fue sobreseída, Prado argumenta que el financiamiento de su defensa con recursos municipales no está justificado.

Posibles implicaciones para la administración municipal

Este caso no solo pone en cuestión la administración de recursos en la comuna de Maipú, sino que también podría desencadenar una serie de revisiones sobre cómo se gestionan las defensas legales de los funcionarios públicos. El concejal Prado enfatiza que los fondos públicos deberían destinarse exclusivamente a los casos en los que los funcionarios son víctimas de delitos, no cuando son acusados.

Defensa y antecedentes legales

En defensa de Vodanovic, el abogado Alejandro Awad, quien también representa a la municipalidad en otras causas, argumentó que las acciones tomadas fueron dentro de lo permitido por el estatuto administrativo municipal. Sin embargo, la repetida utilización del mismo bufete privado para defender tanto causas municipales como personales ha suscitado dudas sobre la transparencia del proceso.

Una mirada crítica al uso de recursos municipales

Este caso plantea preguntas importantes sobre la ética y la legalidad en el uso de recursos públicos. ¿Deberían los funcionarios públicos tener acceso ilimitado a fondos municipales para sus defensas personales? La respuesta podría influir en futuras normativas y prácticas administrativas.

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