Aumento de las expulsiones administrativas

Los datos del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) revelan que en lo que va del año se han llevado a cabo 768 expulsiones. De estas, 433 fueron administrativas, una cifra superior a la de años anteriores como 2018, 2020, 2021, 2022 y 2023. Además, se han registrado 335 expulsiones judiciales hasta la fecha.

Cambios en la legislación afectan el número de expulsiones judiciales

Desde 2022, la legislación chilena ha experimentado cambios significativos que restringen la aplicación de penas sustitutivas de expulsión para aquellos condenados por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Según el director del Sermig, Luis Eduardo Thayer, esta modificación ha reducido considerablemente las expulsiones judiciales y ha generado un aumento en el hacinamiento de las cárceles.

Propuestas legislativas y desafíos futuros

Para abordar esta problemática, el gobierno ha propuesto un proyecto de ley que busca expulsar a las personas condenadas por delitos de tráfico de drogas, reduciendo así la sobrepoblación en las prisiones. No obstante, esta propuesta enfrenta oposición en el Senado, complicando su aprobación.

Thayer enfatizó la importancia de avanzar en la normativa sobre expulsiones judiciales. "El desafío actual es modificar la legislación para permitir la expulsión de condenados por tráfico de drogas, lo cual aliviaría la presión en nuestro sistema penitenciario", explicó.