La ingeniera comercial María Paz Arzola asume el Ministerio de Educación no como una figura nueva, sino como una voz conocida y disonante dentro del debate educativo de la última década. Su nombramiento por el Presidente Gabriel Boric representa una jugada estratégica que traslada al corazón del gobierno a una analista que ha fiscalizado con rigor técnico e ideológico sus principales iniciativas. Más que una simple transición, su llegada anticipa una reingeniería de las políticas bandera, comenzando por el Fondo de Educación Superior (FES), el proyecto destinado a reemplazar al cuestionado Crédito con Aval del Estado (CAE).

Contexto y Desarrollo

El legado inmediato que hereda Arzola es el del FES, una iniciativa que, de no ser tramitada a tiempo por la administración saliente, quedará bajo su responsabilidad directa. Su postura no es de simple ajuste; es de reestructuración. En columnas como “FES: ¿Quién paga la cuenta?”, argumentó que el proyecto original pretendía “alterar una serie de elementos que van mucho más allá” del CAE, afectando el equilibrio del sistema. Para ella, el debate no es solo sobre un crédito, sino sobre la sostenibilidad financiera de la educación superior en su conjunto.

Esta visión se conecta con una crítica de fondo a la política de gratuidad. Arzola se ha declarado partidaria de “frenar su extensión” y desarrollar “un mecanismo de financiamiento complementario que no dependa exclusivamente de la billetera fiscal”. En su lógica, el FES podría ser el punto de partida para esa discusión más amplia y urgente, pero solo si es radicalmente reformulado.

Su experiencia práctica se extiende más allá de la educación superior. Como parte de la mesa técnica del SAE, defendió la plataforma de postulación pero abogó por revisar sus algoritmos de asignación, abriendo la puerta a priorizar el “buen desempeño” académico, una idea cercana a la selección. Respecto a los SLEP, su participación en el consejo evaluativo le dio argumentos para criticar su implementación, tildándola de una “nueva y costosa burocracia” que replicó los defectos de la administración municipal.

“Parecía que lo que buscaba el gobierno con el fin de los Liceos Bicentenario era poner término gradual a un programa que representa todo aquello en lo que no cree”.

La frase, dirigida a la administración de Boric, encapsula la distancia ideológica que Arzola ha mantenido. Su crítica al “legado” educativo del gobierno apunta a lo que ella ve como una priorización errónea de recursos y un desdén por valores como la excelencia académica y el esfuerzo. Ahora, desde el ministerio, tiene la oportunidad de redirigir ese rumbo. El desafío será traducir su aguda crítica técnica en una agenda de gobierno viable, negociando con los mismos actores que hasta ayer eran su blanco de análisis. El futuro del FES y la arquitectura educativa chilena dependen de esa transición de comentarista a ejecutora.