Claudio Orrego Respaldando a Irací Hassler: La Nueva Cárcel No Debe Estar en Santiago Urbano

Un respaldo inesperado para Hassler

El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, bajo la dirección de Claudio Orrego, ha dado un paso inesperado al manifestar su apoyo a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en su lucha por evitar la expansión del Centro de Detención Preventiva Santiago 1 dentro del área urbana.

Una respuesta alineada con la normativa vigente

En un oficio dirigido al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, Orrego destacó que, según el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), las cárceles deben ubicarse en áreas rurales, específicamente en zonas designadas como de interés silvoagropecuario mixto. “El Gobierno Regional se compromete a apoyar la construcción de la nueva cárcel, siempre que se respete esta normativa,” señala el documento.

La reacción del gobierno central

La postura de Orrego ha generado sorpresa en el gobierno central, ya que complica los planes del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien ahora enfrenta oposición tanto de la municipalidad como del gobierno regional. Aunque desde el Ejecutivo insisten en que los pronunciamientos locales no son vinculantes, esta situación añade una capa adicional de complejidad al debate.

Compromiso con la seguridad pública

Desde el inicio de su gestión, Orrego ha demostrado su compromiso con la seguridad pública, invirtiendo en recursos para las fuerzas de seguridad. Entre 2021 y 2023, el Gobierno Regional ha financiado vehículos, cuarteles y equipamiento por un monto cercano a $150 mil millones.

La posición de Irací Hassler

La alcaldesa Irací Hassler ya había manifestado su rechazo a la construcción de la cárcel en el centro urbano. Un informe técnico de la Municipalidad de Santiago advierte que tal decisión podría ser incompatible con los planes de desarrollo de la comuna y aumentar la percepción de inseguridad entre los vecinos.

Análisis y perspectivas futuras

Este conflicto revela una tensión subyacente entre las autoridades locales y nacionales sobre el manejo de infraestructura penitenciaria. La insistencia en mantener las cárceles fuera de las áreas urbanas refleja preocupaciones legítimas sobre el impacto en las comunidades locales y el desarrollo urbano.

La postura de Orrego, respaldando a Hassler, no solo refuerza la normativa vigente sino que también añade una dimensión política a la discusión. A medida que las autoridades evalúan opciones, será crucial encontrar un equilibrio que satisfaga las necesidades de seguridad pública sin comprometer la calidad de vida de los habitantes de Santiago.

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