Senado rechaza financiar terapias hormonales para menores con disforia de género

La decisión del Senado de no proveer recursos para las terapias hormonales destinadas a menores con disforia de género ha generado un debate intenso en el panorama legislativo chileno. Este tema, que ha sido discutido ampliamente en el Congreso, ha visto posiciones divididas, especialmente tras el fracaso del Ejecutivo en reintroducir la financiación necesaria para estos tratamientos. La discusión gira principalmente en torno a la autonomía de los padres en la toma de decisiones sobre la salud de sus hijos y las responsabilidades del Estado en estos temas.

El rechazo del financiamiento por parte del Senado se produjo luego de que la oposición no otorgara la unanimidad requerida para permitir la entrada de una moción que proponía restablecer el presupuesto para terapias hormonales, siempre que contaran con la aprobación de los padres. Aunque la intención de la propuesta era clara, no logró superar las barreras administrativas ni las críticas sobre su presentación fuera de los plazos establecidos.

La división en el Parlamento

El conflicto se centra en la discrepancia entre los legisladores sobre cómo debe gestionarse el derecho a decidir de los padres en materia de terapias hormonales para menores. Matías Walker y Ximena Rincón, con el apoyo de Felipe Kast, propusieron una iniciativa que pretendía garantizar que cualquier tratamiento de este tipo requería la autorización parental. Sin embargo, el debate reveló desacuerdos significativos sobre la intervención de los tribunales de justicia en caso de rechazo por parte de los padres.

• La propuesta incluía una cláusula que permitía a los tribunales intervenir si los padres se negaban.
• El Ejecutivo intentó modificar esta cláusula para dejar la decisión exclusivamente en manos de los padres.

Reacciones y perspectivas

Las reacciones entre los parlamentarios fueron variadas. Mientras algunos sostienen que la ausencia de financiamiento podría incentivar la discriminación al dejar estos tratamientos al alcance solo de quienes puedan costeárselos privadamente, otros destacan la necesidad de seguir un procedimiento reglamentario adecuado. Felipe Kast criticó la decisión, argumentando que deja espacio para la desinformación y perjudica a aquellos que no tienen recursos suficientes.

Por otro lado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió la postura del Ejecutivo señalando que la propuesta inicial, aprobada por la Cámara, no se ajusta a los criterios de admisibilidad y que su eliminación podría abrir la puerta a una discusión más acorde en la comisión mixta.

¿Qué sigue ahora?

Con el rechazo de la indicación del Ejecutivo, el tema aún no encuentra una resolución definitiva. El Ejecutivo ha manifestado su disposición a trabajar en una nueva propuesta para la comisión mixta, donde buscarán una mayor adhesión y consenso. Entretanto, el debate sigue en la opinión pública, especialmente entre quienes defienden los derechos parentales y quienes abogan por la necesidad de un acceso igualitario a tratamientos médicos.

En este contexto de discusiones legislativas intensas, la incertidumbre persiste para aquellos menores de edad y sus familias que buscan orientación médica para la disforia de género. El diálogo abierto entre el Estado, las familias y los sectores involucrados será crucial para encontrar una solución que equilibre las diferentes perspectivas y necesidades.

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