El fundador del Partido de la Gente, Franco Parisi, dijo estar tranquilo en medio de una investigación de lavado de activos al interior de la colectividad, que el Ministerio Público indaga desde 2024.

La causa se abrió en ese año gracias a una denuncia de la exdiputada Karen Medina y otros militantes, quienes advirtieron supuestas irregularidades que afectarían el acto de constitución de la tienda, efectuado en 2021.

Desde entonces, la fiscal Patricia Cerda ordenó diligencias como el alzamiento el secreto bancario de las cuentas del PDG, peritaje patrimonial acabado para evidenciar si hubo o no desvíos de dinero, o si pudieron usarse fondos para cuestiones que no correspondían.

A lo anterior, se suma un oficio a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para conocer eventuales reportes en torno a exdirectivos del partido, entre ellos, el propio Parisi, excandidato presidencial y máximo representante del PDG.

En este contexto, militantes declararon a Fiscalía haber visto a personeros de la tienda quemando cartolas bancarias del partido, y que al preguntar por qué lo hacían, les respondieron que el objetivo era eliminar evidencia sobre supuestos desvíos de dinero.

Dada la existencia de respaldos digitales, Parisi remarcó este martes que "las cartolas no se pueden quemar (...) Créanme que es realmente ridículo, me preocupa lo que están diciendo".

Por lo anterior, "estamos seguros de que todo va a salir perfecto. No han llamado a nadie a declarar, y lo más probable es que las querellas levantadas caduquen prontamente, así que estamos muy tranquilos", cerró el líder de la colectividad.

Exdiputada acusa inacción del Servel y la Fiscalía

La exdiputada Medina, que ya no forma parte del PDG, inicialmente recurrió al Servicio Electoral en 2024 para advertir una falsificación de firmas al momento de constituir el partido.

Aludiendo a la respuesta del Servel, manifestó: "Me preocupa tremendamente la falta de acción de la institución que debiera hacerse cargo de esto, y de la gravedad que esto conlleva o significa al sumar posibles nuevos delitos al no haber frenado con esta acción que denunciamos a tiempo".

En cuanto a la causa penal, la exparlamentaria añadió que "habiendo esperado cinco años (desde las supuestas irregularidades), hoy vemos con mucha preocupación que esta causa pueda prescribir por cosas de plazo, y que la Fiscalía, teniendo pruebas suficientes para formalizar, no lo haga".