Las empresas concesionarias de distribución de gas natural y de servicios sanitarios manifestaron este martes su preocupación por las complejidades técnicas y los riesgos operativos derivados del fallo del Tribunal Constitucional (TC).

Por nueve votos contra uno, el organismo desestimó el requerimiento del Ejecutivo y dejó a firme el artículo 31 de la Ley de Reconstrucción, que impone plazos perentorios y gratuitos de reconexión de suministros básicos en zonas bajo estado de catástrofe.

La disposición legislativa obliga a las compañías a restablecer el servicio a clientes residenciales y mipymes que hayan sufrido cortes por morosidad antes o durante la emergencia, fijando un límite de 48 horas para gas y electricidad, y de 24 horas para agua potable.

Respecto a esto, el presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN), Carlos Cortés Simon, señaló los riesgos que involucra acelerar los procesos de reconexión, advirtiendo que "la normativa es imposible de cumplir resguardando la seguridad de todas las personas".

De acuerdo con lo expuesto por el gremio, fijar este plazo -sin considerar la magnitud ni el tipo de daños estructurales provocados por una catástrofe- genera una contradicción directa entre cumplir la ley y realizar las inspecciones obligatorias para salvaguardar a las familias.

"En el gas por redes, reponer el servicio exige verificar antes que las redes e instalaciones estén en condiciones seguras. Nuestra industria siempre velará por lo más importante, que es la seguridad de las personas", puntualizaron desde la AGN.

Las empresas distribuidoras de gas advirtieron severas falencias técnicas y recalcaron que "la normativa es imposible de cumplir resguardando la seguridad de todas las personas". ()

Según consignó Emol, la postura gremial se apoya en un informe técnico elaborado por la consultora Gamma Ingenieros, entidad especializada en normativas de seguridad sectorial.

El estudio determinó que una exigencia indiferenciada de 48 horas no es técnicamente practicable y advirtió que omitir la revisión previa de ductos e instalaciones intradomiciliarias expone a la ciudadanía a graves contingencias, tales como fugas no detectadas, intoxicaciones masivas o eventuales explosiones.

Pese a los reparos técnicos, la organización gremial recalcó que acata la resolución judicial emanada del Tribunal Constitucional, pero instó a los organismos sectoriales correspondientes a precisar cómo se implementará la norma durante situaciones de desastre real.

Sanitarias: distorsión operativa y priorización forzada de morosos

Por su parte, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios manifestó que la redacción aprobada genera un perjuicio directo a la gran mayoría de los usuarios afectados por una catástrofe.

De acuerdo con el gremio del agua potable, la obligación de reponer el servicio en apenas 24 horas a quienes mantenían deudas previas desvía recursos técnicos y cuadrillas de emergencia esenciales, forzando a las compañías a concentrar sus labores en un grupo minoritario moroso antes que en restablecer las matrices principales de las que depende la comunidad general.

Desde el sector sanitario alertaron que el plazo perentorio de 24 horas las obliga a priorizar a clientes cortados por morosidad por sobre la red general afectada. ()

La Moneda acata el fallo y alista una "ley reparatoria"

En el palacio de gobierno, las reacciones oficiales fueron escuetas. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, evitó reabrir la disputa ministerial y se limitó a señalar que, "como procede en una democracia con separación de poderes, los fallos no se comentan, se acatan".

"Lo relevante acá es que hay un tribunal de la República que desestimó la presentación del Presidente y por lo tanto la norma, de acuerdo con el TC, es constitucional. Es todo lo que le corresponde comentar al gobierno respecto del fallo", puntualizó.

Pese al pronunciamiento del TC, el debate técnico continúa. Desde el comité político trascendió que el ministro de la Segpres, José García Ruminot, advirtió que la aplicabilidad de la medida debe subsanarse, por lo que el Ejecutivo ya evalúa redactar una "norma reparatoria" a través de una ley corta.

Dicha iniciativa solo podrá ingresar al Congreso una vez que la megarreforma concluya su control preventivo de leyes orgánicas y sea formalmente promulgada.